Invitado por el presidente del Instituto Económico Interamericano, el coronel Juan D. Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y del Consejo Nacional de Posguerra, pronuncia este discurso en el Día de las Américas, dejando establecidos dos de los lineamientos que marcarán su gobierno: la justicia social y la integración americana.
Llego a esta tribuna embargado por dos encontrados sentimientos: el de hondo pesar por la desaparición del gran estadista norteamericano recién fallecido, y el de satisfacción emocionada por verme acompañado de los representantes diplomáticos y consulares de los países de América y de altas autoridades y figuras representativas de destacados sectores de la vida múltiple de mi Patria, como si se quisiera simbolizar la feliz hermandad americana, que ya no deberá verse aminorada jamás.
Norte, centro y sur del continente americano, vertebrados por la gigantesca mole andina, con la varia expresión de sus diversos pueblos, con la fuerza ancestral de sus profundas raíces autóctonas –templadas por el fuego civilizador de españoles, portugueses y anglosajones, bruñidas por las gestas emancipadoras de Washington, Bolívar y San Martín y afirmadas por su rotunda voluntad soberana de naciones libres–, pueden proclamar hoy en todas direcciones, porque ya ha florecido su rosa de los vientos, que, restablecida la paz, encontrarán para defenderla un baluarte en cada corazón americano.
Acepté complacido asistir a este acto para conmemorar el Día de las Américas en cálida reunión con todos los hermanos. Y al honor que significa la invitación, ha querido agregar el señor presidente del Instituto Económico Interamericano la delicadeza de permitir que llegue mi voz a vuestros mismos hogares, separados por miles de kilómetros y diseminados en la vastedad del continente.
Permitidme, pues, que a vosotros, aquí presentes, y a los pueblos que representáis y que en este momento nos escuchan, haga llegar el saludo leal, emocionado y sincero de este soldado argentino que siempre os ha llevado en el recuerdo y en el corazón.
Los problemas esenciales de la Argentina son los mismos problemas esenciales que tienen planteados lo demás países americanos. Como denominador común de todos ellos, ofrece destacado relieve el económico social. Conocidos y señalados sus alcances, estamos tratando por todos los medios la forma de darles solución satisfactoria en aquellos aspectos que constituyen motivo permanente de discordia. Hablaré, pues, de las orientaciones económico-sociales del momento presente por habérseme confiado su dirección al crearse el Consejo Nacional de Posguerra, a fines de agosto del año último.
Antes de crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde el mismo momento en que me hice cargo del extinguido Departamento Nacional del Trabajo, expuse mi convicción, profundamente arraigada, de que debía desaparecer el encono y la violencia entre patronos y trabajadores. Para lograrlo no prescribía otro remedio que la implantación de la justicia social: que el Estado intensificara el cumplimiento de su deber social. A la distancia que hoy llevamos recorrida, ratifico una vez más mi convencimiento de que para llegar a una perfecta inteligencia entre patronos y obreros y establecer, a la vez, un verdadero equilibrio en su vida de relación, se requiere que la base de sustentación sea una inquebrantable justicia distributiva.
No es difícil encontrar unanimidad de criterio en esta declaración. Rara vez se escuchan detractores de ilusión tan bella. Pero las impugnaciones aparecen a medida que se van colocando los ladrillos de las sucesivas reivindicaciones. No obstante, la obra de reparación del abandono en que se hallaban las masas obreras al hacerme cargo de la conducción de la política social no debe detenerse; posiblemente necesite un ajuste, una temperancia, una correlación con otros múltiples factores de la economía, pero ya no podrá detenerse jamás, si se quiere evitar que la desesperación impida llegar a soluciones dentro del orden y al amparo de la justicia.
En ningún país del mundo podría permitirse que al empezar a recorrer el camino de la reconstrucción surgieran obstáculos destinados a cerrar el paso al progreso de los pueblos enarbolando banderas de morigeración, cautela y prudencia en la obra de los gobernantes, pero oponiéndose en realidad a las concesiones que reclama un verdadero espíritu de justicia.
Llevo en este sentido una trayectoria limpia y clara. Siempre he afirmado que al iniciar la era de la política social argentina no perseguía otra finalidad que lograr una verdadera justicia distributiva. Nadie tiene derecho a considerarse defraudado porque mi acción se haya encaminado a reducir las diferencias exorbitantes que separan a los ricos, que lo poseen todo, de los obreros, que no poseen nada.
Creo que en el nuevo mundo que surge en el horizonte no deberá ser posible el estado de necesidad que todavía agobia a muchísimos trabajadores. No debemos olvidar que el mundo mejor que todo ser humano cree posible, tan pronto acabe la pesadilla de la guerra, ha de estar desprovisto de la sensación de angustia que produce el sentirse desamparado por el Estado ante la posibilidad de hallarse a merced de un patrono inescrupuloso.
Lo que debe impedir todo gobierno consciente es que este estado de necesidad llegue y se convierta, además, en estado de peligrosidad, porque nada hace saltar tan fácilmente los diques de la paciencia y de la resignación como el convencimiento de que la injusticia es tolerada por los que tienen la obligación de evitar que se produzca. Y yo pregunto a cuantos combaten la obra social que se está haciendo si las mejoras otorgadas a los trabajadores han obligado a los patronos a reducir en la más mínima parte ninguno de sus gastos necesarios ni privarse del más insignificante de sus gastos superfluos. Los aumentos que han experimentado las retribuciones en nada pueden comprometer el resultado de las empresas; en cambio, contribuyen eficazmente a mejorar la situación de miles de personas y pueden asegurar una paz social que, de otro modo, quedaba comprometida definitivamente.
Un deber nacional de primer orden, que hoy es ya un postulado universal, exige que la organización económica se transforme en un organismo al servicio del pueblo. Ésta será la verdadera función social de la democracia. Si la industria no admite ser puesta en condiciones de pagar remuneraciones que permitan al trabajador comprar y utilizar los artículos producidos con su trabajo, experimentará una regresión considerable y a las antiguas crisis de subconsumo. Si la industria no se aviene voluntariamente a que los trabajadores salgan del estado de necesidad y se opone rotundamente a la acción conciliatoria que incumbe irrenunciablemente al Estado, se enfrentará con una de las más aciagas contingencias que pueda imaginar. Y no será, ciertamente, el Estado argentino el que no habrá hecho todo lo posible para evitarlo.
Ante esta alta tribuna, desearía declarar a la conciencia americana que la acción entablada por el gobierno argentino en favor de sus hombres de trabajo consiste en asegurarles las condiciones necesarias de existencia para que se sientan copartícipes de las riqueza de la Nación, para que tales condiciones sean dignas y compatibles con la condición humana correspondiente a un país civilizado, y para que no sea posible el abandono material y moral en que nuestros trabajadores del campo y de la regiones apartadas viven hasta el presente, ni debamos avergonzarnos más frente al \»rancho\» de los suburbios de nuestros emporios industriales, ni ante el muchachito descalzo de nuestro desierto de piedra y arena, ni ante el espectro humano que surge hambriento de entre las espesuras de la selva. Y no queremos avergonzarnos más tampoco de que en la gran ciudad de todos los refinamientos, el obrero experto, profesionalmente calificado, viva hacinado con su familia en una pieza inmunda porque su patrono se niega a pagarle un jornal decoroso.
Estos son los deberes sociales del Estado moderno, que vengo proclamando desde que inicié mi gestión. De modo que en la política social seguida hasta ahora no ha existido variación de concepto ni cambio de rumbo. En la conquista de la justicia social empeñé mi palabra, y en las brechas abiertas para lograrla me mantengo.
Cuantos han seguido de cerca la obra cumplida saben también que no han sido pocos –ni han resultado estériles– los esfuerzos realizados para coordinar los distintos resortes económicos del país y lo de los diferentes grupos sociales entre sí. El día 6 de septiembre del año último, al inaugurar el Consejo Nacional de Posguerra, expuse las líneas generales a que sujetaría las funciones que se me confiaban para dirigir el ordenamiento económico social. Repasad mis discursos y revisad la obra cumplida y decidme si en la actuación personal que me incumbe y en la obra del Consejo Nacional de Posguerra me he apartado un ápice de las directivas que en aquel entonces merecieron unánime aprobación de todos los ámbitos económicos del país.
Las previsiones más trascendentales fueron tomadas desde el primer momento: restricción de obras públicas para hacer frente a eventuales trastornos de mano de obra; estudio del plan de adquisiciones para reponer y ampliar la plantas industriales, la agricultura y el transporte; planes de explotación agropecuaria para el próximo quinquenio; plan de protección de las explotaciones manufactureras y de minería; plan para combatir la desocupación; fomento de la inmigración y colonización; uniformación de la enseñanza técnica profesional; organización de los elementos encargados de orientar y defender la industria y movilización de todos los sectores ciudadanos a fin de formar una conciencia ciudadana sobre los aspectos más destacados de los problemas que pueden afectar al país como consecuencia de las repercusiones económicas de la guerra.
Y últimamente fueron tomadas medidas para contrarrestar la inflación. Estas medidas aceptáronse en forma unánime, y el Consejo Nacional de Posguerra se ha esforzado denodadamente para que lleguen a tener absoluta efectividad. Se han hecho cargos a ciertos organismos por no haberse apresurado a cumplir con algunas de las medidas antinflacionistas; pero no podrá hacerse ningún cargo al Consejo Nacional de Posguerra, porque en todo momento ha cumplido con el deber de reclamar el estricto cumplimiento de lo ordenado. Han sido impartidas instrucciones para que se cumplan inexorablemente estas medidas y proclamo que considero un deber de buen gobierno velar para que se lleven a cabo sin resistencia ni obstrucciones.
Hago estas declaraciones ante vosotros, que representáis un organismo técnico americano, para que tengáis el convencimiento de que si propongo la justicia social que necesita el trabajador, cuido también los intereses de las empresas como elementos productores de riqueza y células del engrandecimiento nacional.
No soy de los que opinan que el arte de gobernar los pueblos sea arte de intriga y habilidades en que toda formación doctrinal es innecesaria y en que la improvisación puede suplir la falta de preparación y de estudio. Reflexivamente hemos llegado a establecer las normas generales del ordenamiento económico-social y estamos dispuestos a cumplirlas y a hacerlas cumplir, no para regatear las mejoras sociales, sino para que éstas sean sólidas, robustas y perdurables.
Junto con las medidas de urgencia que respecto al trabajo, a la previsión social, a los precios y a las prácticas de la industria y del comercio debieron tomarse por ausencia o deficiencia de la legislación, han sido consideradas –desde el Consejo Nacional de Posguerra, y a través de las facultades que se me han otorgado para dirigir el superior ordenamiento económico social del país– las formas jurídicas de estabilización capaces de asegurar el equilibrio y restablecer la confianza tanto en los patronos, de que no serán arbitrariamente desconocidos sus intereses, como en lo obreros, de que serán duraderas sus conquistas.
Ninguna ocasión mejor que la presente para afinar la serenidad de nuestro juicio y la firmeza de nuestras revisiones, orientadas hacia un futuro mejor para todos nuestros conciudadanos. Pero este futuro mejor no será posible si cada uno de los entes activos del país no contribuye con la parte de esfuerzo o de sacrificio que le corresponde.
A un punto de equilibrio deben llegar las relaciones entre el capital y el trabajo, un punto de equilibrio en que patronos y obreros sientan la ventajas de la paz social, los beneficios de la seguridad económica y lo provechos de la concordia ciudadana.
Pero de igual modo que no podría lograrse este equilibrio prescindiendo de las estructuras jurídicas, políticas y económicas que caracterizan a nuestros pueblos fracasaríamos en el intento si dejáramos de lado los novísimos métodos y la fórmula que exige la cambiante realidad de cada día.
Yo no sabría expresaros con palabras más certeras que las utilizadas por el presidente Roosevelt cuando contestaba a los ataques que, desde ángulos diametralmente opuestos, le dirigían con igual saña sus adversarios. Decía así:
\»Ciertas personas timoratas, a quienes asusta el progreso, tratan de calificar con palabras nuevas y exóticas la obra que realizamos. A veces la tildan de fascismo; otras veces, de comunismo, otras de intervencionismo o de socialismo. Buscan así hacer parecer difícil y teórico algo que es, en realidad, sencillo y práctico.
\»Soy partidario de las explicaciones concretas y de la conducta práctica. Estoy convencido de que la obra que hoy ejecutamos es la consecuencia lógica de la política tradicional de nuestro pueblo, la realización de antiguas y probadas concepciones americanas.
\»Permitidme un ejemplo sencillo. Este verano, mientras dure mi ausencia de Washington, se iniciarán trabajos de renovación y ampliación en la Casa Blanca. Los arquitectos han hecho planos para agregar nuevas habitaciones al edificio actual, que tiene un solo piso y es muy pequeño. Aprovechamos esto para hacer construir cañerías modernas para agua y electricidad e instalar un sistema moderno de ventilación que nos permita trabajar en oficinas frescas durante lo calurosos veranos de Washington. Pero la arquitectura del antiguo edificio administrativo de la presidencia subsistirá. Las líneas armoniosas de la Casa Blanca son obra de los constructores de los primeros años de la República. La sencilla y fuerte estructura de este edificio resiste victoriosamente todas las pruebas de la ciencia moderna. No obstante, las necesidades de la administración moderna nos obligan a reorganizar y reconstruir dentro de este cuadro magnífico.
“Si yo prestara oídos a ciertos profetas actuales, no me decidiría a ejecutar estas reformas. Temería que, durante mi ausencia, lo arquitectos me edificaran una extraña torre gótica, una fábrica, o una copia del Kremlin o del palacio de Postdam.
\»Yo no experimento esos temores. Los arquitectos son personas de buen sentido, cuyo gusto artístico está de acuerdo con las ideas americanas. Saben que la regla de la belleza y la propia necesidad exigen que las nuevas construcciones estén en armonía con las líneas fundamentales del antiguo edificio. Esta combinación acertada de lo antiguo y lo nuevo es la característica del progreso ordenado y pacífico, no sólo en la construcción de edificios, sino también en el modo de gobernar\».
Quien con tanta fe llevaba adelante su obra debió sentir conmovidas todas las cifras de su sensibilidad cuando la Suprema Corte de Justicia de su país declaró nulos los 750 códigos industriales que invalidaban la fijación de salarios y horas de trabajo autorizadas por la ley de rehabilitación nacional de las industrias. La Corte encontró inconstitucional la forma, aunque reconoció que la meta de la ley era, nada menos, que la restauración nacional. Dramático problema constituye para la conciencia de los custodios del derecho tener que decidirse entre el estricto precepto escrito y la candente realidad que ha forjado un derecho subjetivo cuya ignorancia o desconocimiento puede producir graves convulsiones en la vida económica, social y espiritual de una nación.
Cuando el gobernante, desde los receptáculos de la vibración nacional, percibe las ansias de mejoramiento de los humildes, de los que se afanan en el cumplimiento de sus deberes, de lo que anónimamente contribuyen a labrar el porvenir de la comunidad patria, siente desbordar su corazón del sentimiento más puro, en que laten los principios inmutables de la igualdad y fraternidad humanas, y anhela que aquellas ansias, aquellos afanes y aquellos esfuerzos encuentren el condigno reconocimiento de la justicia humana. Yo no sé cómo pueden ser interpretadas estas emanaciones del sentimiento innato de justicia que conservo en mi corazón; pero puedo afirmaros, sin temor a ninguna clase de crítica, que siento cada día más acusada la necesidad de que todos comprendamos que sólo podremos marchar en paz y hacia adelante si la equidad preside las relaciones jurídicas y económicas entre los hombres y entre los pueblos.
La reciente Declaración de México establece la igualdad jurídica y la colaboración económica como premisas esenciales a la prosperidad común de las naciones americanas. Pero la prosperidad de las naciones no puede ser una teorización abstracta, por lo que añade ella que los Estados Americanos consideran necesaria la justa coordinación de todos los intereses para crear una economía de abundancia en la cual se aprovechen los recursos naturales y el trabajo humano con el fin de elevar las condiciones de vida de todos los pueblos del continente.
Sí así lo hacemos, contribuiremos a implantar el reinado de la justicia.